Fueron
los proyectos de natalidad los que implementaron los procedimientos de AQV, el
cual significa Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria; en pocas palabras, una
esterilización bajo información y consentimiento de la persona que se someterá
a la operación. Por un lado, en el mundo los planes de control poblacional
dirigido hacia la población más vulnerable no eran pocos durante el siglo XX.
Según Boesten (2007), normalmente implementados con motivos del progreso
económicos, sociales y de salud, estos proyectos los cuales fueron motivados
por “el temor y la degeneración racial” (1) fueron impulsados por los mismos
gobiernos o por organismos internacionales. Por otro lado, fue en la década de
los 90 en el Perú cuando se implementó un proyecto de control poblacional
mayormente en la sierra centro. Este proyecto consistió, en la mayoría de los
casos, en esterilizar mujeres. Como es de conocimiento público, este plan no
cumplió con los procedimientos básicos de la AQV. Según el Informe Defensorial
No 69 (2002:136), fueron más de 272 mil mujeres esterilizadas y actualmente,
existen 2074 denuncias firmes, y en el REVIESFO (Registro oficial de Víctimas
de Esterilizaciones Forzadas) existen más de 8 mil denuncias en proceso.
Comparando
dos perspectivas del caso de las esterilizaciones forzadas encontramos dos
libros. Por un lado, en el año 2017, María Cecilia Villegas, esposa de un
exministro fujimorista, escribió el libro La verdad de una mentira, el cual
trata de demostrar los supuestos “mitos” de las esterilizaciones forzadas.
Según este libro, las esterilizaciones forzadas no fueron ni “forzadas” ni
“masivas”. Sin embargo, según el “fack-checking” realizado por Ana Muñoz, “el
libro no es académicamente adecuado ni en forma ni en contenido, que no
desmiente los mitos que supuestamente denuncia y que, al contrario, es un claro
ejemplo de negacionismo”. El libro de Villegas (2017) cuenta con diversos
errores en la normativa, como en la estructura de sus citas y bibliografías, lo
que puede llevar a pensar que pudo haberse escrito no exhaustiva, pero sí
rápidamente para ser presentado. Cabe recalcar que dicha “investigación” fue
utilizada como defensa de Fujimori en su proceso judicial. En contraposición,
el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, publicado por
Alejandra Ballón en 2014, el cual recopila cuatro artículos de investigadores
destacados los cuales desarrollan ámbitos fundamentales para entender el caso
de las esterilizaciones masivas. El primer artículo fue escrito por Christina
Ewing y presenta al plan de esterilizaciones como una política de Estado. El
segundo artículo que fue escrito por Gonzalo Gianella enfoca su análisis hacia
la presión que recibían los médicos por parte del Ejecutivo. El tercer
artículo, escrito por Gabriella Citroni, presenta un enfoque legal, en relación
a que el programa de las esterilizaciones deba ser tipificado como “crimen de
lesa humanidad”. Por último, el cuarto artículo fue escrito por Giulia Tamayo,
la cual fue la primera investigadora en presentar las primeras denuncias sobre
el caso a finales de los 90, critica que luego de 25 años desde su inicio, aún
no se haya podido sancionar a los gestores del proyecto y busca “su
reconocimiento como ilícito contra el derecho internacional, a fin de que como
tales sean perseguidos judicialmente y se satisfagan los derechos de las
víctimas” (Ballón 2014:216). Asimismo, la última mitad del libro presenta los
testimonios recopilados por Ballón de diversas víctimas, el cual demuestra los
severos daños físicos como psicológicos de la esterilización. Estas fueron las
dos perspectivas de dos investigadoras, las cuales demuestran que existe una
diferencia sustancial entre ellas: la búsqueda de la verdad con evidencias.
En el presente ensayo se plantea desarrollar el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de los 90. Por un lado, se presentará al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar siguiendo cuáles fueron las decisiones políticas que llevaron a implementarlo y cómo se llevó a cabo el proceso de las esterilizaciones en la práctica. Por otro lado, se expondrá el proceso de judicialización del presente caso, presentado casos emblemáticos, además se desarrollará el tema de las audiencias del caso que lleva más de 25 años.
Fue
en 1996 cuando se inició con la implementación del Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar, en adelante PNSRPF, el cual fue
ejecutado durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y que actualmente
cuenta con un proceso abierto y con varias y varios afectados. En primer lugar,
este programa incluyó las distintas decisiones políticas de diversos personajes
durante los años 90. Por un lado, fueron varios los actores estatales los
cuales formalizaron y dieron marcha a este proyecto que durante 1996 al 2000
incurriría en varias irregularidades. La excongresista Tania Pariona afirma que
“este programa de esterilizaciones fue una política de Estado aplicada de
manera vertical, con directivas dadas desde el Ejecutivo, que la cumplían el Ministerio
de Salud, médicos, administrativos y asistentes, usando la estrategia de
reclutar a las mujeres casa por casa o conducirlas bajo engaño y coacción [para
esterilizarlas]" (Schuster 2017). Lo que se deduce de lo mencionado por la
excongresista es que fueron varios los actores que estuvieron involucrados en
el proceso de aplicación de este programa, de manera directa como
indirectamente. Tal como lo recalca el Poder Judicial en las audiencias que
transcurren en la actualidad, entre los principales gestores de esta política
estatal se encuentra al exmandatario Alberto Fujimori, junto a sus exministros
de salud de su segundo gobierno: Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer y
Alejandro Aguinaga Recuento, actual congresista electo por Fuerza Popular para
el periodo 2021-2026. Además, el sistema político peruano centralista de
aquella época conllevó a que las decisiones recaigan, casi siempre, en
Fujimori. Es más, varios oficios demuestran que el MINSA respondía directamente
a Fujimori cada mes. (Montoya y otros 2014:314). Es entonces claro que el
exdictador tenía conocimiento de los diversos programas aplicados en aquella
época, tanto como el ente regidor de la salud peruana, MINSA, y los médicos
tratantes.
Del
mismo modo, en principio, como lo recalcó el fiscal Espinoza en la audiencia de
sustentación de cargos contra el exmandatario, Fujimori buscó con este proyecto
la reducción de los niveles de la población pobre en el Perú, disminuyendo los
índices de natalidad. Esto como objetivo del incremento de PBI y lograr el
crecimiento de la economía que el mandatario tanto buscaba (Ballón 2014:3).
Estos métodos anticonceptivos estaban dirigidos a cierto grupo poblacional
peruano. Montoya y otros (2014) afirman que el proceso de AQV (Anticoncepción
quirúrgica voluntaria) se planteó para esterilizar a la mayoría de mujeres de
“zonas pobres, andinas, rurales y quechuahablantes” (319).
Por
otro lado, el PNSRPF constituyó una serie medidas que a lo largo de su vigencia
son totalmente cuestionables, debido a que, como abordaremos más adelante, no
se respetaron leyes pro derechos humanos. En febrero de 1996, se promulgó el
Decreto Ministerial N° 071-96-SA-DM, el cual aprobaba el 'Programa de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar 1996 - 2000'. De este modo, “el PNSRPF se
presentó como legal en tanto política de salud pública siendo esta en realidad
un programa de esterilizaciones masivas” (Ballón 2014:3). Asimismo, fueron
varios los documentos que se recopilaron, los cuales evidenciaban el
establecimiento de 'metas' para esterilizar a las mujeres por parte de los
médicos. CLADEM, grupo feminista que busca el bienestar de los derechos a las
mujeres, junto Giulia Tamayo presentaron un informe, el primero en su época, el
cual presentaba pruebas de que el “Programa de Planificación Familiar” contaba
con un “sistema de cuotas” impuesta por el Ejecutivo, además que corroboró el
coaccionar de los médicos para obtener pacientes para ser esterilizadas de
manera irregular y cuestionable. (Boesten 2007:17). De este modo, se concluye
que la implementación de metas específicas en el proceso de esterilización no
tuvo como principal objetivo salvaguardad la salud de las mujeres y hombres,
sino más bien concluir rápidamente con el proceso para obtener un beneficio a
corto plazo: “crecimiento económico”.
En
segundo lugar, el proceso de las esterilizaciones forzadas constituyó un hecho
sumamente nefasto en términos de violación de los derechos humanos por parte
del gobierno del ex dictador, Fujimori. Estos hechos constituyeron, como se mencionó
anteriormente, una política de Estado hacia las poblaciones andinas y
analfabetas. Para Alejandra Ballón, el proceso de esterilización forzada fue
“el mayor genocidio que se ha dado en la población rural, de mujeres, que haya
sido cometido por el estado peruano desde la colonia” (Entrevista RT citado en
Tur Murillo 2018:1). Asimismo, el proyecto de planificación familiar que
buscaba esterilizar a la mayor parte de mujeres se produjo en zonas alejadas de
la Lima centralizada. Las principales regiones en las cuales concentraron el
mayor número de damnificados fueron las que se encontraron en la sierra
central, específicamente en las más pobres, y algunas de la costa, alejadas de
la capital (Ballón 2014:4). En específico, se hace referencia a Huancavelica
como una de las zonas en la cual se registraron el número más alto de AQV,
forzadas en su mayoría y con lesiones graves hasta la muerte, ya que es la
región que cuenta con el índice de educación más bajo en todo el país (Mantilla
2001:19). Este dato nos contextualiza en el proceso en el cual se realizaban
dichas operaciones: sectores poblacionales analfabetas, sin educación escolar
y, mayormente, quechuahablantes, entre otras lenguas nativas.
Por
un lado, varias fueron las víctimas de las esterilizaciones forzadas las cuales
relataron que los médicos utilizaban diversas formas en que las azuzaban para
realizarse el procedimiento de AQV o vasectomía. Montoya y otros afirman que
“se hace referencia a mecanismos de amenaza de prisión por negarse a someterse a
tales prácticas; a mecanismos fraudulentos, esto es, aprovechando otro tipo de
intervención sin mediar consentimiento alguno; a mecanismos de chantaje
condicionando el beneficio de un programa social al sometimiento de tales
prácticas o el acosamiento de parte del personal médico” (2014:319). Lo que se
puede entender tras esta cita y la información sobre las cuotas establecidas,
anteriormente mencionadas, es que los médicos necesariamente buscaban cumplir
con estas metas establecidas por el Ejecutivo. Esta información la confirma,
Málaga (2013:521) afirma que los médicos, enfermera también, recibían
“incentivos” por parte del Ejecutivo por su “productividad”, además que si no
cumplían con las metas o cuotas establecidas podrían perder su trabajo en el centro
de salud. Estas son evidencias de que había una línea vertical desde el
Ejecutivo junto al Ministerio de Salud hacia los médicos y estos hacia las
victimas esterilizadas.
Por
otro lado, este desastroso plan que finalizó aproximadamente en el año 2000 dejó
a muchas mujeres afectadas y fallecidas, aunque también se ubica a un gran
número de hombres, las cuales fueron sometidas por engaños y hasta forzosamente
a ser esterilizadas. Según un informe DEMUS (2008), se realizaron durante los
años 1996-2001 más de 272 mil ligaturas de trompas y más de 22 mil vasectomías,
publicado en el Informe Defensorial 69. Estas cifras, pese a no ser totalmente
exactas, demuestran una desigualdad evidente, ya que el número de mujeres
esterilizadas supera 22 veces el número de hombres que se sometieron a la
vasectomía. De la Cruz (2018) también afirma el hecho, menciona que “en el caso
de las esterilizaciones forzadas, la dominación cultural, política y económica
se manifiesta en que esta práctica tuvo un perfil: las personas afectadas
fueron en su mayoría mujeres, indígenas, que vivían en condiciones de pobreza”
(110); además, ella cita a De La Candela (1992) para afirmar que para el Estado
la mujer indígena es el “último eslabón en la cadena de subordinaciones” (110).
Se deduce entonces que fueron las mujeres indígenas las más afectadas tras este
plan del estado.
Llegada
la nueva década de los 2000 y concluido el mandato de Fujimori, el caso de las
esterilizaciones forzadas empieza un proceso de investigaciones, tanto en el Poder
Judicial como en el Congreso y organismos no estatales. En primer lugar, son
varios los testimonios y casos de víctimas que relatan la terrible experiencia
que vivieron. Entre estos encontramos los casos emblemáticos. Son dos los casos
emblemáticos en llegar al CIDH. El primero, el caso de Mamérita Mestanza, como
lo reporta la organización CEJIL. Ella fue una madre campesina la cual fue
acosada y amedrantada por parte de los médicos para que se sometiese al
procedimiento de AQV. Ella no recibió información sobre las posibles
complicaciones de la operación, además que tampoco un cuidado postoperatorio.
Relata su esposo que, aun sintiendo dolor, Mestanza fue enviada a casa y fue
hasta ocho días después que falleció por una infección. Fueron organizaciones
como DEMUS y CLADEM las cuales llevaron su caso a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos denunciando al Estado peruano. Fue en el 2001 cuando este organismo
resolvió con un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), en el cual el Estado
peruano asumía la responsabilidad internacional y se comprometía a investigar y
sancionar a los responsables, así como reparar económicamente a la familia de
Mestanza. Hasta la fecha, menciona María Ysabel Cedano en una entrevista, “el
Estado peruano no ha cumplido con el ASA (…), no ha reparado en salud y no ha
indemnizado a las víctimas” (2021). Los familiares de Mamérita Mestanza aún
buscan justicia. Asimismo, el segundo es el caso de Celia Ramos, una madre
piurana la cual la cual fue acosada y esterilizada sin su consentimiento. Su
caso llegó a la CIDH en 2019 por insistencia de la organización DEMUS y su
familia al no encontrar justicia en las investigaciones del Poder Judicial. En
la última audiencia de la Corte IDH, la abogada María Ysabel Cedano,
representante de DEMUS, indicó que “Celia Ramos no murió, a ella la mataron
quienes ordenaron las campañas de ligaduras de trompa en postas de salud en
zonas de pobreza para cumplir con metas y cuotas, sin garantizar consentimiento
informado, libre y por escrito” (2021). Se acusó así a Alberto Fujimori y
otros funcionarios como el responsable directo de la aplicación del PNSRPF que
“asesinó” a Celia Ramos. Así como las anteriores nombradas, están Alejandra
Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalelluz Aguilar, María Espinola Otiniano,
mujeres que fueron sistemáticamente acosadas por parte de médicos y sometidas
al proceso de anticoncepción quirúrgica sin previa información y
consentimiento.
En
segundo lugar, la investigación fiscal sobre el caso de las esterilizaciones
forzadas inició el 2002 y tras 25 años de haberse implementado, aún no se ha
condenado a los principales gestores. El proceso de investigaciones del Poder
Judicial recopiló 2074 denuncias, además existen más de 8 mil denunciantes en
proceso de acopio en el REVIEFO (Registro oficial de Víctimas de
Esterilizaciones Forzadas). Sin embargo, pese a que se presentaron evidencias
junto a los testimonios de miles de víctimas, el caso fue archivado en 3
ocasiones a lo largo de estos años. Según concluyó el cuestionado informe del
fiscal Marco Guzmán Baca para el archivamiento del caso en 2014, argumentó que
los actos que se cometieron no representan delitos contra la vida, cuerpo y la
salud ni crímenes de lesa humanidad, además que también decidió no denunciar
penalmente a Fujimori junto a otros funcionarios. Sin embargo, Montoya y otros,
concluyen que “los casos de esterilizaciones forzadas deben ser calificados
como crímenes de lesa humanidad” (2015:320). Ellos argumentan que el proceso
sistemático de esterilizaciones se justifica con la evidencia de testimonios
por parte de miles de mujeres y casos de muerte a causa de este proyecto, así
como informes que presentan las irregularidades que se cometieron, conocidas
por los altos funcionarios del gobierno.
Finalmente,
no fue hasta febrero de 2021 que el proceso fue reabierto y actualmente
contempla la sustentación de cargos y pruebas contra los acusados. La
investigadora Ballón concluye que "las columnas de la resistencia frente
al caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, erigen las más profundas
carencias humanas: la corrupción, el abuso de poder, la discriminación, el
clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia y en suma el desprecio por una
cultura que sobrevive a pesar de los coloniales intentos de exterminio, el
pueblo indígena" (2014:15). De este modo, en las actuales audiencias, el
fiscal Pablo Espinoza califica a Alberto Fujimori como el “máximo y principal
responsable de las muertes y lesiones” de miles de mujeres campesinas e
indígenas, víctimas de este proceso masivo de esterilizaciones forzadas.
Además, también se implica a sus exministros como a otros funcionarios por ser
“autores mediatos del crimen contra la vida, cuerpo y salud”. Todos los cargos
se sustentan en severas violaciones a los derechos humanos en los que incurrió
el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que
implementaron los acusados en busca de un supuesto crecimiento económico, pero
con un trasfondo racista y clasista ante una población campesina e indígena que
se erigía en zonas de la sierra y selva.
En síntesis, fue la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar lo que dio inicio a una política sistemática de esterilizaciones forzadas en los 90. En primer lugar, en el ámbito del PNSRPF, se desarrollaron las decisiones políticas que dieron inicio, además de cómo es que este programa desarrolló el proceso de esterilizaciones. En segundo lugar, en el ámbito de la judicialización de esta política estatal, se presentaron casos emblemáticos de víctimas, asimismo, se desarrolló el proceso de las audiencias del caso que lleva más de 25 años sin una resolución final. El proceso masivo de esterilizaciones forzadas constituyó graves violaciones a los derechos humanos contra miles de mujeres campesinas e indígenas, en su mayoría, las cuales viven con severas consecuencias a causa de las irregulares intervenciones quirúrgicas implementadas por este programa. Estas mujeres víctimas la política de Estado implementada durante el régimen de Fujimori buscan justicia y reparaciones hasta ahora. Tal como lo afirma Amnistía Internacional Perú, la búsqueda por la justicia, verdad y reparaciones por parte de las mujeres víctimas no concluirá hasta que “finalmente culmine con la acusación y juzgamiento de los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, en todos los niveles” (2021:2). Luego de este análisis, surgen las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los efectos, tanto los daños físicos como psicológicos, que dejó este proceso de esterilizaciones forzadas en la vida cotidiana de las víctimas?, ¿cuáles son los motivos por los que aún no se ha condenado a los gestores que implementaron este programa es esterilizaciones forzadas o por qué ha sido archivado constantemente?
Minaya Ñontol, Arian Gabriel
III. Bibliografía
AMNISTÍA INTERNACIONAL
2021 Perú: El derecho a la justicia de las
víctimas de esterilizaciones forzadas no prescribe [Declaración pública].
Consulta: 2 de julio de 2021.
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4642682021SPANISH.pdf
BALLÓN GUTIERREZ, Alejandra
2014 “El caso peruano de las esterilizaciones
forzadas: Nota para una cartografía de la resistencia”. Aletheia. Lima,
volumen 5, número 9. Consulta: 28 de abril de 2021
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv5n09a12/11476
BALLÓN GUTIERREZ, Alejandra
2007 Memorias del caso peruano de
esterilización forzada. Lima: Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del
Perú.
BOESTEN, Jelke
2007 “¿Libre opción o alivio a la pobreza?
Políticas de población en el Perú de Alberto Fujimori” (Traducción). European
Review of Latin American and Caribbean Studies. Volumen 82, pp. 3-20.
Consulta: 28 de abril de 2021
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/749_digitalizacion.pdf
CEJIL
2021 “Caso Mamérita Mestanza Chávez”. En CEJIL.
Consulta: 1 de julio de 2021
https://cejil.org/caso/caso-mamerita-mestanza-chavez/
DE LA CRUZ HUAMÁN, Rosario
2018 “Análisis de las esterilizaciones forzadas
en el Perú desde una perspectiva de interculturalidad crítica”. Tierra
Nueva. Lima, volumen 12, número 1, pp. 105-117. Consulta: 8 de mayo de 2021
https://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/tnu/article/view/1272/1322
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2002 Informe Defensorial N°
69 – La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos
III
ENFOQUE DERECHO
2021 “Entrevista a María Ysabel Cedano”. En Enfoque
Derecho. 3 de febrero.
ESTUDIO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (DEMUS)
2021 Informe Fiscal N°
01-2014-2°FPS-MP-FN. Lima
https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/Anexos.pdf
ESTUDIO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER (DEMUS)
2008 Informe Jurídico sobre esterilizaciones
forzadas en el Perú, años 1996-1998. En el marco del Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno peruano (Ministerio de
Salud). Lima
https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/seriejg_ester_forza_peru.pdf
MANTILLA FALCÓN, Julissa
2001 “El caso de las esterilizaciones forzadas en
el Perú como una violación de los derechos humanos”. IUS ET VERITAS.
Lima, volumen 12, número 13, pp. 10-20. Consulta: 28 de abril de 2021
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16014/16438
MÁLAGA. Germán
2013 “Las esterilizaciones forzadas, los derechos
reproductivos y el consentimiento informado”. Revista de Madicina
Experimental y Salud Pública. Lima, volumen 30, número 3, pp. 521-522.
Consulta: 2 de junio de 2021
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v30n3/a25v30n3.pdf
MINISTERIO DE SALUD
1996 Decreto Ministerial N° 071-96-SA-DM. Lima, 10
de febrero
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/256877-071-96-sa-dm
MONTOYA, Yván y otros
2014 “Esterilizaciones durante el gobierno de
Alberto Fujimori: ¿política de planificación familiar o delitos dolosos y
crímenes de lesa humanidad?”. IUS ET VERITAS. Lima, volumen 24, número
49, pp. 306-321. Consulta: 29 abril de 2021.
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/13631/14254
2019 “Una
mentira y mil verdades”. En La Madre. Consulta: 14 de junio de 2021
http://www.lamadre.pe/una-mentira-y-miles-de-verdades/
SALUD CON LUPA
2021 “Esterilizaciones forzadas: el caso de Celia
Ramos llega al CIDH”. En Salud con Lupa. Consulta: 2 de julio de 2021
https://saludconlupa.com/noticias/esterilizaciones-forzadas-el-caso-de-celia-ramos-llega-a-la-cidh/
SCHUSTER, Mariano
2017 “Entrevista a Tania Pariona Tarqui”. En Nueva
Sociedad. Agosto del 2017. Consulta: 28 de abril de 2021
SWISSINFO.CH
2014 “«Fujimori es el máximo
responsable de esterilizaciones forzadas», dice fiscal”. En Swissinfo.ch.
Consulta: 1 de julio de 2021
TUR MURILLO, Paula
2018 “Estado, políticas públicas y violencias
hacia las mujeres: Memorias del Perú”. Ponencia presentada en la V Jornada
CINING de Estudios de Género y Feminismo. Universidad Nacional de La Perla,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ensenada, 10 y 12 de julio
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10836/ev.10836.pdf
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